El gobierno uruguayo firmó el 11 de junio de 2020, un decreto bajando los montos de inversión exigidos a los extranjeros que quieran obtener la Residencia Fiscal en el Uruguay. Para la causal por inversión inmobiliaria, el nuevo valor es de aproximadamente USD 387.000 (UI 3.500.000), más 60 días de presencia efectiva en el país durante el año civil, y aproximadamente USD 1.600.000 para las inversiones en empresas (más la creación de al menos 15 nuevos puestos de trabajo directo de tiempo completo en el año civil).
Este ajuste, sumado a la tasa de tan solo 12% sobre las ganancias de capital obtenidas fuera del Uruguay, y su exención durante 5 años a partir de la obtención de la Residencia Fiscal, son argumentos muy atractivos.
Por otra parte, Uruguay ha demostrado una estabilidad en materia política, social y económica, destacable en la región.
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